Conductas que afectan el correcto funcionamiento del Estado y la transparencia de la función pública.
Los delitos contra la administración pública son aquellas conductas que afectan el correcto funcionamiento del Estado, la legalidad de la función pública, la imparcialidad de los servidores públicos, la transparencia en la gestión de recursos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Estos delitos pueden ser cometidos por funcionarios o servidores públicos, pero también por particulares, dependiendo del tipo penal. En muchos casos se encuentran vinculados a contrataciones públicas, obras, municipalidades, gobiernos regionales, entidades estatales, programas públicos, trámites administrativos, procesos judiciales o el manejo de bienes y fondos del Estado.
Brindamos defensa penal especializada en procesos por delitos contra la libertad previstos en el Código Penal.